Una comprobación de valores de un inmueble no puede convertirse en una valoración automática basada en datos catastrales, fotografías aéreas o imágenes obtenidas de Google Maps.
Así lo ha vuelto a establecer el Tribunal Supremo en su Sentencia 923/2026, de 16 de julio, al resolver un procedimiento en el que la Administración había elevado considerablemente el valor de una vivienda sin que el perito encargado de la valoración hubiera realizado una inspección personal de su interior.
La decisión es especialmente relevante para los contribuyentes que reciben una liquidación tributaria después de que la Administración compruebe el valor de un inmueble mediante dictamen de peritos.
¿Qué ocurrió en este caso?
El origen del procedimiento se encuentra en la compra, en abril de 2018, de una vivienda y una plaza de garaje por un precio total de 120.000 euros.
El comprador había aportado un informe elaborado por un arquitecto técnico pocos días antes de la compraventa. Según se recoge en la sentencia, para realizarlo se había visitado tanto el interior como el exterior de la vivienda con objeto de comprobar, entre otras cuestiones, su estado de construcción y conservación y las actuaciones necesarias para hacerla habitable.
La Administración tributaria inició posteriormente una comprobación de valores y elevó la valoración de los inmuebles hasta los 201.122,88 euros, girando una liquidación en concepto de ITPAJD por 7.419,30 euros, incluidos intereses de demora.
La diferencia resultaba especialmente importante porque el estado real de conservación de la vivienda era uno de los elementos controvertidos.
Una valoración sin entrar en la vivienda
La perito de la Administración consideró que no era necesario visitar personalmente el inmueble.
Para justificarlo se utilizaron, entre otras fuentes:
- los datos disponibles en el Catastro;
- ortofotografías aéreas;
- información del Instituto Geográfico Nacional;
- el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea;
- Google Maps;
- y una fotografía de la fachada obtenida también de Google Maps.
La cuestión terminó llegando al Tribunal Supremo: ¿puede sustituirse la visita personal del perito por esta clase de información documental y gráfica?
La respuesta, con las particularidades de cada supuesto, es especialmente clara.
La regla general es visitar el inmueble por dentro y por fuera
El Tribunal Supremo reafirma una doctrina que ya había desarrollado en resoluciones anteriores: cuando la Administración decide comprobar el valor mediante dictamen de peritos, el principio general exige una inspección ocular, personal y directa del inmueble.
Y esa inspección no debe limitarse a observar la fachada.
La sentencia establece que la comprobación debe comprender tanto el exterior como el interior y aquellos elementos que resulten necesarios para determinar adecuadamente el valor del bien. El objetivo es conseguir una valoración verdaderamente individualizada y suficientemente motivada.
La razón es sencilla: existen características de una vivienda que difícilmente pueden determinarse mediante una base de datos o una fotografía exterior.
Entre ellas pueden encontrarse:
- el estado de conservación;
- la calidad de los materiales;
- la distribución interior;
- el estado constructivo;
- determinadas servidumbres visibles;
- e incluso circunstancias particulares del inmueble que repercutan directamente en su valor.
¿Significa esto que el perito siempre tiene que visitar el inmueble?
No necesariamente.
La sentencia admite que puedan existir casos excepcionales en los que la inspección presencial no sea necesaria.
Pero la excepción debe estar verdaderamente justificada.
La Administración deberá acreditar mediante datos contrastados, objetivos y debidamente incorporados al expediente que, por las circunstancias concretas del inmueble, la inspección personal de su interior y exterior no resulta necesaria.
No basta, por tanto, con incorporar una fórmula genérica al informe explicando que la información disponible en otras fuentes permite conocer el inmueble.
La motivación tiene que responder a las características del caso concreto.
Catastro y Google Maps pueden ser útiles, pero no sustituyen por sí solos una valoración individualizada
Este es probablemente uno de los puntos más interesantes de la resolución.
El Tribunal Supremo no afirma que los datos catastrales carezcan de utilidad. Lo que señala es que no resultan suficientes, por sí mismos, para conseguir la valoración singular que se exige a una prueba pericial de estas características.
La sentencia recuerda que el sistema de valoración catastral está concebido para posibilitar valoraciones de carácter masivo.
Y algo parecido sucede con una imagen exterior procedente de Google Maps: puede proporcionar información sobre la ubicación o la apariencia exterior de un inmueble, pero resulta insuficiente para determinar cuál es su verdadero estado interior.
En el asunto analizado esto tenía especial trascendencia porque los informes aportados por el contribuyente hacían referencia al mal estado interior de la vivienda y a la necesidad de una reforma integral para hacerla habitable.
El Supremo considera insuficiente una motivación estereotipada
Otro elemento importante es la forma en que la Administración había justificado la ausencia de visita.
La Sala considera que la motivación utilizada era estereotipada y prácticamente coincidente con la examinada en otro recurso resuelto anteriormente por el propio Tribunal Supremo.
Para el Tribunal, una explicación general basada en datos catastrales y fuentes gráficas no satisface la exigencia de una valoración verdaderamente individualizada.
Dicho de otro modo: no basta con explicar que no se ha visitado el inmueble. Hay que justificar de forma racional, suficiente y atendiendo a las circunstancias concretas por qué esa visita era innecesaria.
La tasación pericial contradictoria es un derecho, no una obligación
La sentencia contiene además otra precisión especialmente interesante para los contribuyentes.
Que la normativa permita promover una tasación pericial contradictoria no significa que el ciudadano tenga que acudir necesariamente a ese procedimiento para cuestionar una valoración administrativa insuficientemente fundada.
El Tribunal Supremo recuerda que corresponde a la Administración justificar adecuadamente la valoración que pretende aplicar. La posibilidad que tiene el contribuyente de solicitar una tasación pericial contradictoria no permite rebajar las exigencias impuestas al dictamen de la propia Administración.
La propia sentencia conecta esta conclusión con el principio de buena Administración: reconocer mecanismos de defensa al ciudadano no puede traducirse en una reducción de los estándares que previamente debe observar la Administración.
¿Cuál fue finalmente la decisión del Tribunal Supremo?
El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación y anuló la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Asimismo, estimó el recurso contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura, dejándola sin efecto por resultar contraria al ordenamiento jurídico, con las consecuencias legales señaladas en la propia resolución.
El criterio jurisprudencial que queda reafirmado puede resumirse así:
Si la Administración utiliza un dictamen de peritos para comprobar el valor de un inmueble, la inspección personal de su interior y exterior constituye la regla general. La ausencia de visita solo resulta admisible excepcionalmente y cuando esté debidamente justificada a partir de las circunstancias concretas del bien.
¿Qué importancia tiene esta sentencia para el contribuyente?
La resolución es relevante para quienes hayan recibido una liquidación derivada de una comprobación administrativa del valor de un inmueble.
El simple hecho de que el valor fijado por la Administración sea superior al declarado por el contribuyente no significa que la comprobación sea correcta.
Debe analizarse, entre otras cuestiones:
- Qué método de comprobación se ha empleado.
- Si se ha realizado una valoración verdaderamente individualizada.
- Si el perito ha visitado el inmueble.
- Si se ha examinado tanto su interior como su exterior.
- En caso de no existir visita, cuál es la justificación concreta ofrecida.
- Qué datos y fuentes han servido para determinar el nuevo valor.
- Si las características reales del inmueble coinciden con las consideradas por la Administración.
- Si la liquidación y el informe de valoración están suficientemente motivados.
Por ello, cada expediente debe examinarse individualmente. La sentencia no supone que cualquier comprobación realizada sin visita sea automáticamente inválida, puesto que el propio Tribunal Supremo admite excepciones. Lo determinante será comprobar si concurrían realmente circunstancias que permitían prescindir de la inspección y si la Administración las justificó adecuadamente.
¿Has recibido una liquidación tras una comprobación del valor de un inmueble?
Si la Administración ha revisado el valor declarado en la compra, transmisión o adquisición de un inmueble y ha emitido una liquidación adicional, es importante analizar tanto la liquidación como el informe en el que se sustenta.
En Castilla Albo Abogados podemos revisar la comprobación de valores, analizar si la Administración ha motivado correctamente su actuación y estudiar las distintas vías de impugnación atendiendo a las circunstancias concretas del expediente.
También podemos ayudarte a valorar los informes periciales disponibles, detectar posibles defectos en la metodología utilizada y determinar la estrategia más adecuada frente a la liquidación.
Trabajamos con un enfoque claro y práctico: revisar el expediente, comprobar cómo se ha determinado el valor, ordenar la prueba disponible y actuar dentro de los plazos de recurso.
Este artículo tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico. La viabilidad de una impugnación dependerá de las circunstancias de cada expediente.